Aumento de los incendios forestales en un año extremadamente cálido

Los incendios forestales arrasaron el año pasado un total de 354.793 ha de superficie forestal en España, según Miteco, es decir el 1,2 por 100 de la superficie forestal nacional, lo que supone un aumento del 335,8 por 100 respecto a la media de la década (ver gráficos). De los 8.189 siniestros registrados 63 fueron grandes incendios forestales (GIF, aquellos que afectan a más de 500 ha), en buena parte con un rango de afectación de entre 1.000 y 5.000 ha, evidenciando la magnitud de estos episodios. Las comunidades más afectadas fueron Castilla y León, Galicia y Extremadura, encabezando las provincias de Ourense, León y Zamora la dramática lista de superficie quemada. Hay que destacar que algunos de los incendios más devastadores se produjeron en municipios con densidades de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, consideradas en riesgo extremo de despoblación.

El pasado año, factores como la acumulación de combustible seco debido al abandono de territorios rurales y el descenso de la ganadería extensiva, la elevada proporción de incendios provocados (por negligencia -51 por 100- o intencionados -24,2 por 100- según la Memoria de la Fiscalía General del Estado) y unas insuficientes políticas de prevención y escasez de personal y medios en las plantillas forestales, junto a las elevadas temperaturas registradas, han elevado la magnitud y virulencia de los incendios forestales, convirtiéndoles en explosivos e imprevisibles (denominados de “sexta generación”, y considerados extremos en términos de superficie afectada, comportamiento e impacto).

La Ley 4/2024, de 8 de noviembre, básica de Agentes Forestales y Medioambientales y Ley 5/2024, de 8 de noviembre, básica de Bomberos Forestales, establecen el marco estatal para unificar las funciones, derechos y condiciones laborales de más de 20.000 profesionales en España. Ambas disposiciones se encuentran en vigor, si bien su aplicación depende de su trasposición y adaptación en cada comunidad autónoma. Pese a que se ha observado cierto progreso en la notificación de incendios por parte de las comunidades autónomas al Centro Nacional de Emergencias (CENEM), la DG de Protección Civil considera necesario avanzar en la recopilación de datos estadísticos, así como en su estandarización e inclusión en el futuro Registro Nacional de Datos sobre Emergencias y Catástrofes. Considera, además, prioritario homogeneizar el criterio de activación de situación de emergencia entre comunidades autónomas, así como extender el uso del Índice de Gravedad Potencial, en aplicación de la normativa vigente de protección civil y para evaluar los incendios. En respuesta a estas consideraciones el Gobierno ha aprobado un marco para la elaboración de planes anuales autonómicos y el desarrollo de medidas de coordinación para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, estableciéndose las bases normativas para afrontar con mayores garantías y medios estos episodios.