22/05/2024

La dimensión social, parte integral de la nueva gobernanza económica

La dimensión social constituye una parte integral de la nueva gobernanza económica y de los objetivos de crecimiento económico inclusivo para la región. Aunque mantiene los valores de referencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el nuevo marco se flexibiliza para adaptarse a las circunstancias individuales de cada país, ofreciendo un mayor margen de ajuste y oportunidades para la convergencia social. Atendiendo a las demandas del Parlamento Europeo, la nueva gobernanza permite que se tengan en cuenta también las inversiones y reformas estratégicas basadas en el Pilar Europeo de Derechos Sociales, así como los análisis de los riesgos para la convergencia social. La exclusión del gasto nacional en la cofinanciación de programas financiados por la Unión Europea con impacto social, como el Fondo Social Europeo, en el cómputo del gasto neto primario es un avance en este sentido. Por otro lado, dado que la vigilancia fiscal va a seguir integrada en el marco del Semestre Europeo, se debería dotar de mayor peso en la fase de supervisión multilateral al Consejo Europeo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, por su especialización en el ámbito de las políticas sociales comunitarias, y activar el diálogo social en esta materia, lo que puede mejorar la calidad de la supervisión de la convergencia social de la gobernanza. El nuevo marco de convergencia social facilitará el seguimiento y la evaluación de su impacto social.

Con todo, sigue habiendo dudas importantes en relación con las inversiones y reformas estratégicas de índole social. Y es que los criterios específicos sobre las inversiones y reformas compatibles con las reglas fiscales y con los planes de ajuste de la deuda están pendientes de concreción. Los niveles de deuda pública y de déficit estructural establecidos para los periodos de ajuste podrían suponer importantes esfuerzos presupuestarios y afectar a las inversiones sociales y a una senda de crecimiento inclusivo.

El Parlamento Europeo ha solicitado a la Comisión una mayor concreción de las reformas e inversiones necesarias, el compromiso de los Estados miembros para emprender inversiones sociales, especialmente de aquellas que afectan al desarrollo en las edades más tempranas, y mayor flexibilidad en el ajuste de los Estados miembros más pequeños o endeudados, entre otras. El Comité Económico y Social Europeo (CESE), por su parte, también ha señalado la necesidad fomentar reformas e inversiones bien diseñadas y en equilibrio con políticas económicas y de finanzas públicas saneadas y, en particular, aquellas que fomentan la cohesión social y territorial, ya que pueden generar incrementos de productividad y un mayor crecimiento económico, al tiempo que permiten realizar los objetivos sociales.

En concreto, los programas sociales que redunden en un aumento del capital humano europeo, como los dirigidos a fortalecer el sistema educativo y de activación del empleo, a reforzar los servicios públicos de salud y los sistemas de protección social y de cuidados, a impulsar la conciliación de la vida familiar y laboral o a propiciar la igualdad de género, deberían evaluarse a tenor de sus efectos presupuestarios, económicos y sociales a medio plazo.

Asimismo, los mecanismos de supervisión del Semestre Europeo deberían integrar la perspectiva de infancia. No en vano, los estudios más recientes muestran que la vulnerabilidad durante la infancia conlleva elevados costes monetarios para el conjunto de la sociedad y evidencian, además, que el potencial de retorno de la inversión en estrategias de lucha contra la pobreza infantil es alto en términos económicos y sociales. En el mismo sentido, sería necesario integrar la perspectiva de género en la gobernanza económica de la Unión Europea pues la prosperidad económica y social depende, en buena medida, de que sigan produciéndose avances en este ámbito.