Los riesgos y amenazas para el bienestar humano derivados del cambio climático son múltiples y geográficamente asimétricos, de forma que el impacto de sequías, contaminación o inundaciones es mayor sobre poblaciones en situación de pobreza, cuya vulnerabilidad se acentúa cuando las actuaciones no son capaces de revertir o frenar los principales efectos generados, al tratarse de colectivos con menor capacidad para afrontar estas crisis. Entre las manifestaciones del agravamiento de los fenómenos meteorológicos extremos destaca el aumento del riesgo de inundaciones, como la catastrófica depresión aislada en niveles altos (DANA) ocurrida en octubre de 2024 en la región mediterránea española, que causó una enorme devastación en términos personales y materiales, siendo elevada la proporción de población con ingresos insuficientes para afrontar los daños ocasionados en viviendas y propiedades.

Además, en las regiones donde la temperatura promedio supera los 15 ºC (principalmente en el sur peninsular y el litoral mediterráneo), las mayores temperaturas se asocian a un mayor grado de desigualdad social, tanto por la menor capacidad de adaptación y respuesta de las personas más desfavorecidas a los cambios asociados, como por un desigual acceso a las oportunidades en estos territorios. El año 2024 ha sido uno de los más cálidos desde que existen registros, especialmente en provincias como Granada, Cuenca y Albacete donde las máximas se situaron 2,3 ºC por encima de la media de máximas respecto al periodo de referencia (1981-2010), batiéndose 126 récords de temperatura, 41 de ellos en capitales de provincia.

Los efectos del cambio climático se dejan sentir especialmente en el territorio menos poblado de la geografía española, identificándose un total de 2.858 municipios españoles en situación de vulnerabilidad debido al cambio climático y la despoblación, que se concentran en Castilla y León (77 por 100 de comarcas vulnerables), Navarra (43 por 100) y Castilla-La Mancha (34 por 100). Zonas que se caracterizan además por una mayor incidencia de incendios forestales, que hasta septiembre de 2024 habían afectado a una superficie de 43.655 ha, teniendo en un 33,7 por 100 consecuencias para la población y sus bienes, y registrándose cinco víctimas mortales.