Pese a su aumento notable en el periodo 2019-2022, el gasto en protección social en España sigue estando por debajo de la media europea. Además, el gasto social sigue necesitando intensificar la protección de la población más vulnerable, especialmente familias con menores a cargo, así como el destinado a la vivienda y a la exclusión social. Aunque en los últimos años el gasto en exclusión social aumentó (impulsado, probablemente, por el despegue del IMV), sigue manteniéndose en niveles bajos.

La Comisión Europea, en el Informe Conjunto sobre Empleo 2025, que advierte sobre los riesgos para el avance hacia los objetivos sociales para el año 2030 a partir del nuevo marco de supervisión social, ha señalado a España entre los Estados miembros que muestran ámbitos necesitados de mejora en seis o más indicadores sociales ¹. Entre los que muestran una situación crítica se encuentra el elevado nivel de abandono escolar temprano y el bajo impacto de las transferencias sociales para reducir las situaciones de pobreza. En concreto, este último indicador, a pesar de disminuir por segundo año consecutivo hasta situarse en el 22,9 por 100 en 2023, se encuentra todavía lejos de la media de la Unión Europea (34,7 por 100). También arroja una situación crítica en España la tasa de riesgo de pobreza y exclusión, especialmente entre la población infantil, lo que la Comisión Europea atribuye, en buena medida, a los problemas de adecuación y cobertura del sistema de protección social, a las disparidades regionales en el acceso a los servicios públicos y a la persistente alta tasa de pobreza entre la población trabajadora. Aunque se han registrado mejoras en relación con la desigualdad y los jóvenes que ni estudian ni trabajan, los niveles se mantienen elevados y en situación de vigilancia por parte de la Comisión Europea.

A finales de 2024 se aprobó en España la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2024-2030, que se sustenta en tres objetivos estratégicos: garantía de recursos, inversión social en las personas y protección y garantía del Estado de bienestar. Desde la perspectiva de la cohesión social, el cumplimiento de los objetivos y la eficacia de esta estrategia representan todo un desafío teniendo en cuenta la magnitud de los retos sociales en nuestro país y, concretamente, la importancia de alcanzar los objetivos nacionales de reducción de la pobreza que tiene España en el horizonte de 2030, como está comprometido en el marco del Plan de Acción del Pilar Social: reducir el riesgo de pobreza y exclusión social de la población total al menos hasta el 20,2 por 100 y, en el caso de la población infantil, al 22,7 por 100.

^1. El objetivo de este nuevo mecanismo de supervisión social en el marco del Semestre Europeo (conocido como Marco de Convergencia Social) es fomentar la corrección de los riesgos para la convergencia social identificados a través de los indicadores sociales del Pilar Social (Social Scoreboard) y, posteriormente, de los informes de convergencia social publicados por la Comisión. Este nuevo marco de supervisión social comenzó a fraguarse en la reunión del Consejo del 15 de octubre de 2021, en la que Bélgica y España lanzaron una iniciativa para introducir en el Semestre, lo que entonces llamaron “Procedimiento de Desequilibrios Sociales”. Para más detalle sobre su posterior evolución, véase Introduction of a Social Convergence Framework in the European Semester - Report of the joint EMCO-SPC Working Group. SOC 323.EMPL 209.ECOFIN 443. Mayo 2023.