El CES plantea alternativas para la política industrial e insta a construir un Pacto de Estado para la Industria

• El CES insta al Gobierno y a las demás autoridades con competencias en el ámbito económico o social a construir un Pacto de estado para la Industria. El fortalecimiento de la industria es condición indispensable para aunar crecimiento, empleo, sostenibilidad medioambiental, cohesión social y vertebración territorial.
• Este Pacto promovería una política industrial global, con participación del Gobierno, de las distintas administraciones y los interlocutores sociales, y con el apoyo de los partidos políticos con representación parlamentaria. El diálogo social debería formar parte de este Pacto, con un amplio consenso que supere el corto plazo de una Legislatura.
• La UE debería apoyar la creación de grupos empresariales europeos capaces de revertir la pérdida de influencia estratégica frente a los líderes tecnológicos de matriz estadounidense y china.
• Debería exigirse a las compañías deslocalizadas que cumplan las condiciones sociolaborales y medioambientales de la UE y ampliar las exigencias para las multinacionales de terceros países que, tras recibir fondos públicos europeos, apuesten por la deslocalización. Los Tratados comerciales dela UE deben incluir cláusulas de garantía de estándares sociales, laborales y medioambientales.
• La nueva Ley de Industria debe establecer un marco regulatorio más claro y estable. La política industrial debería situarse en el nivel más alto de la estructura del Gobierno, garantizando la coordinación de las políticas energéticas, infraestructuras de transporte o innovación. Igualmente debe crearse un órgano de coordinación con las CCAA, que armonice las medidas y evite los efectos frontera.
• En la transición digital, cobra especial relevancia evitar la consolidación de estructuras de mercado cuasi monopólicas.
• Es necesario regular la fiscalidad de las plataformas, la privacidad de los datos y garantizar la tutela jurídica de las personas que trabajan en las nuevas formas de empleo digital.
• La mejora de la financiabilidad de las empresas pasa por incrementar su tamaño medio, favoreciendo su concentración y mediante la eliminación de trabas regulatorias innecesarias. Se deben priorizar los apoyos públicos a las empresas medianas y, en particular, a las “scale ups” que facturen entre 20 y 500 millones de euros.
• Debe trasladarse el coste de las políticas ajenas al suministro eléctrico a otras vías de financiación, como los Presupuestos. Deberían propiciarse contratos de largo plazo para los grandes consumidores de electricidad, con mecanismos mitigadores de los efectos de los costes energéticos sobre su competitividad.
• El sistema educativo debe incorporar el desarrollo de capacidades inherentes a las actividades innovadoras, en especial éntrelas mujeres, por su infrarrepresentación en el sistema de I+D+i, el empleo TIC y el empleo industrial de mayor valor añadido

El Pleno del CES aprobó el pasado día 18 de diciembre por unanimidad, el Informe sobre “La Industria en España: Propuestas para su Desarrollo”. El Informe se ha elaborado por propia iniciativa del CES, lo que, unido al muy amplio consenso en su elaboración, da idea de que los interlocutores sociales y los representantes de la sociedad civil organizada representados en el Consejo comparten criterios en un tema como éste, de gran relevancia para el desarrollo económico y el empleo.

• La industria es un sector clave, por su aportación al progreso tecnológico,(por innovaciones de producto y de procesos y consumo de innovaciones de otros sectores), su capacidad de generar empleos de calidad, su efecto tractor sobre los servicios de mercado y avanzados, su mayor productividad y su impacto positivo sobre la balanza comercial.
• En 2018, la industria representó el 12.6 del PIB y el 11.5% del empleo. Sus exportaciones suponían el 90% de las totales de productos y el 21% del PIB. Sin embargo, tiene un efecto inducido en otros sectores, que lleva a que su contribución al PIB se cifre en un 43% y en un 30% respecto del empleo. En las últimas décadas se observa un cierto cambio en la especialización manufacturera, con una ligera pérdida de peso de los sectores de tecnología media y media baja, con aumento de los de tecnología alta y media alta (alimentación, químicas, farmaceutica ).
• España necesita desarrollar una “cultura industrial” que explique y promueva sus realidades industriales. El objetivo es afrontar los retos relacionados con la sostenibilidad, la digitalización, la evolución de las cadenas globales de valor, los cambios en la demanda mundial o las deficiencias estructurales del entorno empresarial comunitario. Así, se debe adoptar una nueva política industrial que se oriente a la recuperación del protagonismo de esta actividad como motor de crecimiento y creador de empleo.
• Por eso es importante construir por todos los actores involucrados un pacto de Estado por la industria, siguiendo la línea que iniciaron los interlocutores sociales en la Declaración por la Industria de noviembre de 2016.
  Así se promovería una política industrial global y coherente con participación del gobierno, de las distintas administraciones y de los interlocutores sociales, contando asimismo con el apoyo de los partidos políticos con representación parlamentaria. Debe procurarse un ámbito para el diálogo tripartito que diseñe y evalúe las medidas a nivel central como en el ámbito autonómico y en el local.
• Hay que reforzar la Estrategia renovada de política industrial de la UE mediante la inclusión de objetivos más concretos, así como de mecanismos de coordinación que permitan combinar distintos instrumentos y fuentes de financiación. El Consejo Europeo debería contar con una formación específica de industria.
• La UE debería abordar fórmulas para apoyar la creación de grupos empresariales europeos fuertes capaces de revertir la actual pérdida de influencia estratégica frente a los líderes tecnológicos de matriz estadounidense y china.
• Se debería ampliar el plazo, tras la recepción de ayudas europeas, durante el cual una empresa debe garantizar el mantenimiento del empleo. Debería exigirse igualmente a las compañías deslocalizadas europeas que cumplan con las condiciones sociolaborales y ambientales que rigen en la UE. Y ampliar las exigencias para las multinacionales de terceros países que, tras recibir fondos públicos europeos, apuesten posteriormente por la deslocalización.
• La nueva Ley de Industria debe establecer un marco regulatorio más claro, estable y comprensible.
• Sería necesario estructurar adecuadamente los sistemas de incentivos a la inversión industrial, así como potenciar su atractivo, equilibrando las ayudas directas, mejorando las condiciones de mercado en los préstamos bonificados y ofertando ventajas fiscales concretas.
• El desarrollo industrial debe basarse en gran parte sobre los sectores actuales. Será necesario, por tanto, el desarrollo de nuevos productos y negocios en esos sectores, fomentando para ello la I+D+i y trabajando en cooperación con otras empresas y con centros tecnológicos y universidades.
• La política industrial debería situarse en el nivel más alto en la estructura del Gobierno, garantizándose la coordinación en el diseño de la política energética, el desarrollo de servicios e infraestructuras de transporte de mercancías y en el diseño de la política de innovación y la gestión de sus programas.
• Debería crearse un órgano de coordinación con las Comunidades Autónomas que armonice las medidas y evite los efectos frontera
• Sería importante instaurar un Consejo de Política Industrial, con representación de los interlocutores sociales del sector, que asesore al Gobierno en la orientación y seguimiento de la política industrial.
• Es imprescindible que los poderes públicos, junto con los agentes económicos y sociales, desarrollen estrategias dirigidas a transitar de manera ágil, eficiente y justa a la economía digital. Tales estrategias deben contemplar políticas que reduzcan los efectos negativos, así como las tendencias a la concentración del poder de mercado y al aumento de la desigualdad.
• Cobra especial relevancia evitar la consolidación de estructuras de mercado oligopólicas o cuasi monopólicas; la política de empleo, para paliar las consecuencias negativas del cambio sobre la cantidad y la calidad del empleo; la política educativa, para reforzar las aptitudes necesarias en el nuevo contexto digital; o la política tributaria, para evitar la traslación de beneficios hacia territorios de baja o nula tributación.
• Es necesario asimismo regular la fiscalidad de las plataformas, la privacidad, seguridad y tratamiento de los datos, y abordar las implicaciones éticas y sociales de, entre otras, la robótica y la inteligencia artificial, y que se garantice la tutela jurídica de las personas que trabajan en las nuevas formas de empleo digital, con independencia de su estatus laboral.
• Se debe incidir en el impulso a la digitalización de las empresas industriales. Ello serviría, además, para evitar la brecha digital entre empresas, especialmente en relación con las pymes, así como los riesgos de exclusión en función de la capacidad de acceso y de uso de estas tecnologías y su financiación.
• Hay que propiciar que las pequeñas empresas desarrollen esa cultura corporativa catalizadora del cambio tecnológico, participando en ecosistemas que aseguren estrategias de cooperación interempresarial.
• Es necesario un aumento sostenido de la inversión en I+D+i y que se dote de estabilidad a las políticas públicas, garantizando la continuidad en la financiación de los proyectos y la estabilidad laboral de los investigadores, el sistema de incentivos a la innovación industrial, así como la compra pública innovadora.
• Se deben fomentar mayores sinergias entre los sistemas público y privado de I+D, entre las universidades y centros públicos de investigación con las empresas industriales.
• Se debe promover que las empresas tractoras, vinculadas a grandes grupos multinacionales, establezcan o refuercen sus centros tecnológicos en las filiales españolas.
• Sería deseable avanzar hacia una estrategia formativa en competencias digitales que, actualizando la educación académica reglada, la oriente hacia una mayor empleabilidad y contribuya a evitar la cronificación de desigualdades en materia de digitalización, incluida la brecha digital de género.
• Alinear las políticas de formación orientadas al sector con otras palancas de la política industrial y fundamentalmente con las de transformación digital, I+D+i y transición ecológica. El sistema educativo y la formación para el empleo deben incorporar el desarrollo de capacidades inherentes a las actividades innovadoras, en especial entre las mujeres, dada su infra-representación en el sistema de I+D+i, en el empleo TIC y en el empleo industrial de mayor valor añadido.
• Programas de formación en competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital deberían conformar un eje estable de la formación para el empleo.
• El diálogo social debería formar parte integrante de un Pacto de Estado por la industria, con una orientación de amplio consenso que supere el corto plazo representado por los límites de una Legislatura.
• Se debe trabajar en una nueva Ley de Industria, que dote al sector de un marco regulatorio integrado y sencillo que responda a la realidad de un sector en transformación.
• Es importante reforzar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno con competencias regulatorias y fiscales con incidencia en la actividad industrial con vistas a lograr una mayor armonización que redunde en la eliminación de barreras al comercio interterritorial.
• En la fiscalidad medioambiental, sería necesario un marco integrado, sencillo y coherente. El Consejo de Política Fiscal y Financiera debería reforzar su papel como instancia de coordinación en materia de fiscalidad ambiental.
• Reformar el marco jurídico para que no suponga un obstáculo al incremento de tamaño de las empresas industriales, analizando qué umbrales regulatorios podrían estar desincentivando el crecimiento de las empresas.
• Facilitar los procesos a las empresas que decidan deshacer el camino de la deslocalización, del mismo modo que están haciendo otros países de nuestro entorno.
• Fomentar ecosistemas de colaboración para que las pymes industriales puedan acometer procesos de integración de las TIC.
• Priorizar los apoyos públicos a la empresa mediana y, en particular, las “scale-ups” que facturen entre 20 y 500 millones de euros.
• La mejora de la financiabilidad de las empresas pasa en gran medida por incrementar el tamaño medio mediante la eliminación de trabas regulatorias innecesarias y simplificación documental, que reduzcan los costes fiscales y administrativos.
• Proveerse instrumentos dirigidos a facilitar el acceso al crédito, preferentemente mediante coberturas o garantías públicas a la financiación bancaria de los proyectos industriales de las pymes.
• Potenciar el acceso a los mercados de capitales organizados, e impulsar el mercado de Titulización de Activos.
• España debe primar la generación con fuentes que no emitan CO2 u otros gases de efecto invernadero. Es necesario evaluar el impacto, en términos de seguridad de suministro, precio mayorista, y emisiones, de aquellas iniciativas que tengan por objeto modificar la participación de cualquiera de las diferentes tecnologías.
• Debe acometerse una reforma normativa que traslade el coste de las políticas ajenas al suministro a otras vías de financiación, como los Presupuestos Generales. Debería considerarse financiar fuera de la factura eléctrica y los costes relacionados con las ayudas a las energías renovables.
• Hay que impulsar la mejora de las interconexiones del sistema eléctrico español, cuya capacidad de intercambio sigue estando entre las más bajas de la Unión Europea.
• Se deberían propiciar contratos de largo plazo para los grandes consumidores de electricidad Hay que tomar en consideración las peculiaridades de las empresas electrointensivas en la necesaria revisión del mecanismo de interrumpibilidad.
• Sigue pendiente de aprobación el Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que contemple mecanismos mitigadores de los efectos de los costes energéticos de estos consumidores sobre su competitividad, tales como la compensación de costes indirectos de CO2, la compensación por el coste de las subvenciones otorgadas a las energías renovables que se cargan al sistema eléctrico.
• Respecto al Fondo Nacional de Eficiencia Energética debería permitirse que las empresas que contribuyen al mismo y sus organizaciones empresariales puedan certificar sus propias actuaciones en materia de eficiencia.
• Se deben implementar medidas de apoyo a la cogeneración de alta eficiencia.
• Se deben seguir mejorando las infraestructuras físicas y las condiciones del transporte con el fin de reducir los costes logísticos en la industria.
  Resulta necesario ampliar las infraestructuras de intercambios modales, hay que dotar a las Terminales Intermodales Logísticas (TILOs) de prestaciones y servicios más eficientes.
• Elaborar una ley de cambio climático y transición energética que tenga como prioridad la reducción de emisiones GEI, en el contexto de una transición ordenada que permita la adaptación de la industria y la reducción de los costes energéticos. La norma deberá: priorizar las actuaciones relativas a eficiencia energética de edificios; apoyar la investigación y tecnologías orientadas a reducir emisiones, creando un marco de financiación y regulación estables.
• El desarrollo de las energías renovables debería estar acompañado de una cuota de participación de fabricantes españoles en las nuevas plantas de generación, incentivando, en las zonas en reconversión, la implantación de centros de producción de los componentes de las nuevas centrales (placas fotovoltaicas, aerogeneradores, etc.).
  La norma podría impulsar la adopción de planes industriales y sociales alternativos dentro de las empresas, dotados económicamente y que contemplen la posible reconversión del centro de generación con tecnologías renovables.
• Estructurar un programa integral orientado a financiar (vía préstamos bonificados o subvención directa) las actividades de rehabilitación de mejora de la eficiencia energética.
• El diseño de impuestos ambientales vaya dirigido a la internalización de las externalidades negativas generadas, de modo que suponga a su vez un incentivo al uso más eficiente de los recursos, y un estímulo a la innovación.
• Hay que priorizar el uso de recursos renovables y la prolongación de la vida útil de los bienes.
• Acelerar la armonización fiscal y el marco de ayudas comunitarias para evitar la diferencia presupuestaria entre Estados miembros de la UE, para que todos se encuentren en las mismas condiciones a la hora de cubrir los costes generados y evitar así la desventaja competitiva entre instalaciones industriales europeas.
• Desarrollar la Estrategia española de economía circular, asegurando la equidad en las subvenciones orientadas al uso de diferentes alternativas, promoviendo el consumo de biomateriales; que fomente el uso de subproductos; que refuerce la valorización energética de residuos; y promueva el desarrollo de plataformas tecnológicas sectoriales como agentes facilitadores de la economía circular.
• Aumentar la base exportadora de la industria manufacturera española, incrementado el tamaño empresarial mediante medidas de apoyo a los procesos de crecimiento y concentración, además de mejorar el acceso de las pymes a la financiación, la información acerca de la internalización.
• Se deben potenciar los instrumentos públicos de apoyo a la exportación que sean más ágiles, se adapten a las necesidades de las empresas.
• Apoyar una mayor diversificación geográfica de las exportaciones.
• Se requieren apoyos públicos que incidan en aquellas fases de la cadena de valor que supongan mayor aportación de valor añadido, esto es, en la fase inicial de innovación, así como en la fase final de distribución.
• Favorecer la captación de proyectos de inversión en los sectores de alto contenido tecnológico y priorizando el desarrollo de las actividades internacionales de I+D+i en nuestro país. Todo ello con mecanismos de control para preservar los intereses estratégicos españoles.
• Es preciso que los tratados comerciales que alcance la Unión Europea incluyan determinados estándares sociales, laborales y medioambientales.
• Se debe garantizar que todos los productos que se comercializan en España cumplan la normativa. Para ello es precisa la colaboración entre la Administración Central, las Comunidades Autónomas y las organizaciones empresariales representativas.
• Este Consejo insta, tanto al Gobierno como a otras autoridades o instituciones con competencias en el ámbito económico o social, a construir y mantener un auténtico Pacto de Estado por la Industria. Una política capaz de propiciar un sector generador de empleo de calidad, impulsor de la innovación y orientado a satisfacer la creciente demanda de productos sostenibles y el consumo circular.

El informe a texto completo: Informe 04/2019 sobre La industria en España: propuestas para su desarrollo