El Pleno del Consejo Económico y Social aprueba la Memoria sociolaboral de 2012

El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, y el presidente de la Comisión de la Memoria, Jesús Cruz, han presentado hoy la Memoria Socioeconómica y Laboral correspondiente a 2012. Marcos Peña ha insistido en la importancia que supone que se haya aprobado con un total consenso (ni un solo voto en contra) entre los agentes sociales representados en el CES, lo que implica un esfuerzo de negociación entre ellos. El Pleno aprobó ayer la memoria con todos los votos afirmativos, salvo una abstención.

En esta ocasión, el CES constata como el largo periodo de crisis, que se inició en 2008, está provocando cambios profundos en la economía y la sociedad española, que se reflejan en los distintos aspectos de la situación económica y laboral analizados en esta Memoria: demografía, modelo productivo, distribución personal y territorial de la renta, hábitos de consumo...

Así, por ejemplo, en la parte social, la Memoria señala como la crisis ha calado, incluso en la evolución demográfica, registrando 2012 la primera caída de población en muchos años, motivada por el nulo crecimiento vegetativo, el cambio de saldo migratorio de la población extranjera y el incipiente saldo migratorio negativo de la población española. La crisis ha transformado igualmente en profundidad las estrategias de vida de los españoles, en aspectos como el consumo o la vivienda. Los ingresos y las condiciones de vida han profundizado su deterioro que se plasma en que una quinta parte los hogares en España se encuentra en riesgo de pobreza monetaria, y la proporción de niños que viven en esta situación supera el 30%.

CAPITULO I. Panorama Económico

• El mantenimiento de la fortaleza del euro supone un freno al impulso de las exportaciones de la mayoría de los estados miembros.
• La complicada situación política de la eurozona, con una cuestionable gestión de las crisis por parte de las instituciones europeas, amenaza con prolongar el contexto de recesión.
• Es preciso articular de manera inmediata políticas de estabilización económica a nivel europeo que frenen los procesos especulativos en el mercado de deuda soberana.
• Se debe impulsar a corto plazo una expansión de la demanda a escala europea en dos ámbitos: expansión de la demanda interna de los países superavitarios y políticas fiscales expansivas y, por otro lado, aumento rápido y sustancial de la inversión pública financiada con fondos europeos.
• Por quinto año consecutivo el sector exterior fue el motor de la economía española, incluso en un contexto de retrocesos en la actividad de los principales socios comerciales. Esta positiva mejora de la competitividad no solo por la mejora de la competitividad-precio sino también por otros factores como la creciente diversificación de nuestras exportaciones o las mejoras en la innovación y las laborales gerenciales
• Las dificultades que el sector productivo español encuentra para conseguir financiación constituye uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta el sector empresarial.
• El modelo de crecimiento español, basado en la actividad inmobiliaria, el endeudamiento y la fortaleza de la demanda interna, está agotado, poniendo en entredicho la capacidad recaudatoria del sistema tributario español, circunstancia que obliga a plantearse una reforma en profundidad, integral y con visión de largo plazo del sistema fiscal.
• La elección del déficit estructural como variable objetivo de la política fiscal, recogida en el artículo 135 de la Constitución española, genera mucha incertidumbre porque, al no ser una variable directamente observable, se producen notables discrepancias en las estimaciones, con las consiguientes divergencias en cuanto a la magnitud y el ritmo de la consolidación fiscal que se considera óptimo.
• Se está produciendo un aumento de la dispersión regional en renta por habitante, que en un contexto de reducción de la cuantía de los fondos estructurales procedentes de la Unión Europea, pone en serio riesgo la cohesión territorial.

CAPITULO II. Mercado de Trabajo, Políticas de empleo y Relaciones Laborales

• En términos de pérdida de empleo, 2012 se configura como el segundo peor ejercicio después de 2009, año en el que se concentraron buena parte de los efectos sobre el empleo del desplome inmobiliario. El pasado año se salda con 6 millones de parados, un 25% de la población activa, y la tasa de empleo sobre la población en edad de trabajar en un 45%.
• El CES contempla con preocupación que la población activa descendió por primera vez en toda la serie de la EPA desde 1976 (de 23,103 millones en 2011 a 23,051 millones en 2012), en parte porque también cayó la población en edad laboral -16 y más años- (de 38,497 millones en 2011 a 38,426 millones el ejercicio pasado) igualmente por primera en la serie registrada.
• La construcción todavía explica un tercio del total de la destrucción de empleo y se produce, por primera vez, caída del sector público (105.200 empleos menos, un descenso del 7,4%).
• Por regiones, se confirma que la crisis viene golpeando con más fuerza a las comunidades con posiciones de partida peores, aumentando la divergencia regional.
• El cambio de política de bonificaciones contractuales se ha ido consolidando, con un 8% menos de contratos con ayuda. Dentro del contrato indefinido, la mayor parte de las bonificaciones correspondió al ordinario y a las conversiones (53% y 23,6% respectivamente). El contrato de apoyo a emprendedores llegó a 77.000  personas, un 47% bonificado.
• En ERE, se observa en el año un aumento de los no pactados (12%, frente al 10% de 2011), básicamente por los extintos, que alcanzaron un 21,9% del total. Pero se produjo un fuerte aumento en los ERE de suspensión (68%) y un alza extraordinaria en las reducciones de jornada (que se cuadruplicaron como causa del alta en el sistema de protección por desempleo).
• La negociación colectiva ha profundizado la tendencia a la moderación de los incrementos salariales pactados y ha mostrado una evolución al alza del número de inaplicaciones de convenios colectivos y de trabajadores y empresas afectados por los mismos. Ha habido una incidencia desigual de las recomendaciones del II AENC.
• Un año de aumento de la conflictividad, tanto en huelgas (casi un 13% más que en 2011 sin contabilizar la incidencia de las dos huelgas generales del año 2012), de conflictos sometidos a los procedimientos de resolución autónoma, o de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad (según datos provisionales en torno a un 5% más que en el año anterior), y de los asuntos tramitados y resueltos por los juzgados y tribunales del Orden Social (un 6% más que en 2011).
• Continuó la tendencia de mejora de los índices de incidencia de los accidentes de trabajo.

CAPITULO III. Calidad de vida y Protección Social

• A lo largo de 2012 se intensificaron las consecuencias de la crisis en prácticamente todas las esferas de la realidad social, al tiempo que se desarrollaban cambios sociales y demográficos de profunda relevancia, mientras se aprobaba una sucesión de reformas en el marco del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, con importantes repercusiones en el ámbito de las políticas sociales desarrolladas en todos los niveles territoriales.
• Los ingresos de los hogares y sus condiciones de vida han profundizado en su deterioro, mientras se transforman las estrategias de vida de los individuos y las familias.
• La pérdida de población se ha incorporado ya al saldo de repercusiones sociales de la crisis, especialmente reseñable en las edades intermedias.
• En educación, el abandono escolar, a pesar de su ligera reducción a raíz de la crisis, sigue siendo el principal problema educativo en España. Según los últimos datos comparados (2010), el gasto público educativo español (4,97%) en proporción al PIB era superior al de algunos países europeos (Bulgaria, República Checa, Rumania, Hungría, Italia y Eslovaquia) e inferior al de países como Bélgica (6,57%), Finlandia (6,84%) o Suecia (6,98%).
• En vivienda, el 12,1% de la población española tenía problemas para afrontar los gastos relacionados con la vivienda, por exceder los costes de alojamiento el 40% de sus ingresos. En el caso de los titulares de una hipoteca, el 16,5% tiene dificultades para abordar los pagos de esta deuda, porcentaje que se eleva hasta el 46,5% en los hogares de menor renta. El CES apunta la necesidad de un nuevo modelo de política de vivienda en España que favorezca el derecho constitucional al disfrute de vivienda digna y adecuada.
• En consumo, la crisis ha modificado las pautas de compra de los españoles. Todas las partidas de gasto pierden peso a excepción de la vivienda que aumenta en el conjunto del presupuesto familiar. Por otro lado, el problema de las participaciones preferentes puso de manifiesto la necesidad de mejorar la protección de los usuarios de productos financieros.
• En Medio Ambiente, la Memoria del CES recoge la conveniencia de recuperar en el medio plazo el apoyo a la producción de energía no convencional. Dicho apoyo ha de centrarse en la I+D+i de energías renovables, que permita la consolidación de la industria española, así como lograr que estas tecnologías sean competitivas a la mayor brevedad.
• En Sanidad, el CES considera que los nuevos datos de la Encuesta Nacional de Salud ponen de relieve la necesidad de mejorar las políticas preventivas (salud pública) de cara a reducir las diferencias de salud diferenciadas en función del estatus socioeconómico.
• En Dependencia, la memoria alerta de la existencia de una voluminosa lista de espera de personas a las que se ha reconocido el derecho a la asistencia y que, sin embargo, no tiene aún prestación asignada y por tanto no son atendidos. El desarrollo del SAAD se encuentra en un momento muy difícil, con una fuerte caída de los recursos asignados precisamente en una fase en la que hubiera requerido de un mayor empuje. Igualmente, se produce el predominio de las prestaciones económicas frente a los servicios de atención, en contra de lo estipulado por la ley.
• En Desempleo, se detecta que el progresivo descenso de la tasa de cobertura, que cayó en 2012 hasta el 65,8%, refleja el aumento de la desprotección social de un número cada vez mayor de desempleados.
• Respecto a la Exclusión Social, más de la quinta parte de los hogares en España se encuentra en riesgo de pobreza monetaria, y la proporción de niños que viven en esta situación supera el 30%, mientras que desciende la pobreza relativa entre los mayores de 65 años, por la mayor estabilidad de sus ingresos. El alargamiento de la crisis está dando lugar al aumento de la incidencia del paro de larga duración en los hogares y de los que carecen de ingresos suficientes, con el riesgo de cronificación de situaciones de pobreza que hasta ahora podían ser coyunturales.