Valoración de la nueva gobernanza fiscal

Las reglas fiscales son necesarias en una unión monetaria para coordinar la política fiscal de los Estados, propiciar políticas fiscales prudentes y evitar que los desequilibrios de individuales afecten a la estabilidad macro-financiera del conjunto. En este sentido, tras cuatro años con las reglas suspendidas, el acuerdo, alcanzado bajo Presidencia española del Consejo tras arduas negociaciones, era necesario para trasladar a los mercados un mensaje de unidad, estabilidad y solvencia en un contexto geopolítico dominado por la incertidumbre.

El nuevo planteamiento supone un avance respecto al marco de supervisión fiscal hasta ahora vigente porque lo simplifica, se focaliza en el medio plazo, favorece la implicación de los Estados al tener en cuenta las características de cada país y permite conciliar mejor la sostenibilidad fiscal y el crecimiento al dar mayor margen fiscal a los países más endeudados para que realicen inversiones y reformas. Sin embargo, no resuelve del todo los principales problemas de los que adolecía el sistema anterior: la complejidad, la prociclicidad y la desprotección de la inversión.

Para que la aplicación del nuevo marco de supervisión fiscal sea verdaderamente eficaz y elimine el riesgo de que las autoridades europeas den un trato diferenciado a los Estados, resulta crucial que, como prevé la norma, se adopten metodologías comunes, transparentes y consensuadas, que las estimaciones sean independientes, solventes, compartidas y plenamente replicables, y que se refuerce la transparencia de las estadísticas económicas y la contabilidad pública.

Por otra parte, la inexistencia de una capacidad presupuestaria a escala de la Eurozona, que permita suavizar tanto los shocks macroeconómicos asimétricos como las perturbaciones graves que afecten al conjunto, se considera una de las principales debilidades de la gobernanza económica de la UEM. Asimismo, existe un amplio consenso en la necesidad de emitir algún tipo de deuda conjunta que rebaje la vulnerabilidad de las emisiones individuales ante procesos de pérdida de confianza como los experimentados en la crisis financiera. La creación de un activo seguro a escala de la UEM reduciría además la fragmentación financiera y la vinculación entre riesgos soberanos y bancarios, al tiempo que reforzaría la eficacia de la política monetaria.

Además, no queda claro cómo se van a evaluar y a priorizar las inversiones para aprobar los programas de consolidación fiscal y, en su caso, su extensión temporal. En particular, las inversiones y reformas dirigidas a aumentar el capital intangible europeo deberían valorarse con los mismos criterios que las inversiones transformadoras en capital tangible (infraestructuras de transporte, de comunicaciones y energéticas). Para ello, resulta necesario que, antes de aplicar las nuevas normas, la Comisión proponga y que el Consejo apruebe una metodología consensuada y transparente de evaluación de inversiones y reformas estratégicas, que ponga el foco en su contribución relativa al desarrollo potencial, a la resiliencia socioeconómica de la Unión Europea y, a la postre, a la sostenibilidad de la deuda pública europea.

Pero sin duda el problema fundamental del nuevo marco de supervisión fiscal es que deja a los Estados más endeudados un margen fiscal muy estrecho para financiar la inversión transformadora. Para ampliar ese margen, los Estados pueden acometer reformas estructurales que incrementen la eficiencia de sus programas de gasto y de sus sistemas tributarios. Pero parece aconsejable que, además, se creen mecanismos europeos permanentes de apoyo presupuestario y financiero a la inversión de los Estados, si se quiere evitar que en el seno de la Unión Europea aumenten las divergencias internas en el ritmo de transformación en los ámbitos ecológico y digital.

Y en todo caso, las inversiones que tienen un alto valor añadido europeo, que son urgentes y exigen la movilización de ingentes cantidades de recursos, y que además entrañan grandes riesgos, como las ligadas a las transiciones ecológica y energética del sistema económico, precisan del liderazgo y el músculo financiero de un sector público europeo reforzado, en colaboración con el sector privado.