Aprobado el dictamen del Anteproyecto de Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles

• El CES estima que la norma legal no debe suponer una merma de los derechos de información y consulta a los trabajadores
• El dictamen señala que hubiera sido conveniente una fase de consulta previa con las organizaciones representativas
• El Consejo cree que la nueva norma debería asegurar el correcto desarrollo de la actividad de las empresas

El pleno del Consejo Económico y Social ha aprobado, por 43 votos a favor y ninguno en contra, el dictamen sobre el Anteproyecto de Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

El Dictamen estima que el régimen jurídico de las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles no tiene en cuenta de forma adecuada los derechos de información y consulta a los representantes de los trabajadores. Y aunque en el caso de fusión si se tiene en cuenta el derecho de información, no sucede lo mismo con el de consulta, y eso sólo para fusiones transfronterizas).

El CES recuerda que estas referencias parciales a los derechos de información y consulta no deben suponer el desconocimiento o no aplicación de las obligaciones existentes y cita, concretamente, el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores que prevé el derecho de los representantes de los trabajadores a ser consultados sobre procesos de fusión, absorción o modificación del estatus jurídico de la empresa.

En cualquier caso, el CES advierte que esta modificación legal no debe suponer una merma en los derechos reconocidos en el ordenamiento laboral a los representantes de los trabajadores.

También recoge el Dictamen que, dada la naturaleza y el alcance de esta regulación, hubieran sido aconsejable llevar a cabo una fase de consultas previas con las organizaciones representativas de los intereses por ella afectados.

El CES estima que hubiera sido conveniente delimitar previamente aspectos como el objeto y la finalidad de la norma, los principios que inspiran la regulación ysu ámbito de aplicación, tanto desde un punto de vista territorial como del tipo de sociedades que se ven afectadas.

Aunque el CES valora positivamente el propósito de elaborar un cuerpo legislativo de sociedades mediante la refundición en un texto único, el dictamen llama la atención sobre la necesidad de dotar a esta parcela del ordenamiento jurídico de unas condiciones de estabilidad que garanticen la necesaria seguridad y previsibilidad. Y estima que una reforma de este alcance hubiera sido más lógico abordarla en ese marco de codificación del derecho de sociedades.

Asimismo, destaca la importancia de la simplificación del entorno empresarial en los ámbitos del Derecho de sociedades, entre otros, que señalan las instituciones europeas, para impulsar la economía en Europa. Se indica que la nueva norma debería asegurar el correcto desarrollo de la actividad de las empresas.

Del mismo modo, el dictamen subraya que, teniendo en cuenta la estructura empresarial española, que se caracteriza por una preponderancia de pequeñas y medianas empresas, la reforma debería atender a la realidad y necesidades de ese tejido empresarial, sin perjuicio de incluir previsiones específicas de acuerdo con la realidad de las grandes empresas.

Además de estas observaciones generales, el dictamen incluye 12 observaciones particulares.

El Grupo Segundo presentó una enmienda, que fue rechazada, en torno a la libertad de cambio de domicilio social de las empresas, en el ámbito internacional. En el dictamen se insiste en que ha de tenerse en cuenta el impacto territorial y productivo afectado y se pide al Gobierno que tenga en cuenta si tales decisiones empresariales afectan al interés público. La enmienda defiende que la libertad de cambio de domicilio y los movimientos de capitales están protegidos por el Tratado de la CE y, por tanto, no puede vincularse al impacto que produzca en el territorio y sector afectado. Y advierte que facultar al Gobierno para introducir más condiciones al traslado internacional del domicilio social, podría desincentivar la inversión y el empleo.

El CES aprueba el dictamen sobre el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios

• El CES valora positivamente el texto refundido de la LEY
• El Consejo subraya la necesidad de clarificar algunos aspectos de la norma
• El dictamen cree necesario concretar la obligación de los medios públicos de ofrecer espacios a consumidores y usuarios

Prácticamente por unanimidad, 43 votos emitidos, 42 afirmativos y una abstención, el Pleno del CES celebrado el 21 de febrero ha aprobado el Dictamen sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. El CES valora positivamente la iniciativa de refundir en un único texto la Ley General y las normas de transposición de las Directivas comunitarias. El dictamen subraya la necesidad de dotar de mayor claridad al entramado normativo existente en la actualidad.

El Consejo considera que, con carácter general, el texto del Gobierno responde adecuadamente aesos objetivos, y el dictamen señala que, precisamente, por la importancia de esta leyse considera necesario que el Proyecto regule con claridad algunos conceptos esencialesque,en su redacción actual,pueden generar confusión en su interpretación.

En el texto aprobado por el Pleno se echa en falta que no se hayan refundido en este Proyecto la Ley sobre aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico ni la de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.

En sus observaciones, el dictamen llama la atención sobre algunas imprecisiones contenidas en determinados preceptos, fundamentalmente en el sentido de ofrecer mayor seguridad jurídica. Así, se estima que la definición de consumidor y usuario contenida en la Ley General es más apropiada que la incorporada en el Proyecto. Y en relación a la definición del empresario se señala que se trata de un concepto queel CES no encuentra recogido en los textos normativos que se refunden.Además se confunden de forma inadecuada los conceptos de empresario y de profesional, que, en su caso, deberían diferenciarse.

El dictamen aprobado en Pleno hace notar que existe una dificultad añadida al dictaminar un texto que se encuentra en fase de audiencia y ante el que las organizaciones pueden aún separadamente emitir sus opiniones. El Consejo cree que hubiera sido deseable que la solicitud de dictamen se hubiera referido al texto del Proyecto normativo definitivo, una vez incorporadas al mismo las aportaciones de las organizaciones afectadas.

En cuanto a las medidas encaminadas a la protección y a la salud física de los consumidores, el Dictamen llama la atención sobre la desaparición de la prohibición de utilizar cualquier aditivo que no figure en las listas autorizadas del Ministerio de Sanidad y Consumo, tal como se recoge en la todavía vigente ley.

Otra de las observaciones del dictamen hace referencia a los derechos de información del consumidor, que están contemplados como uno de los derechos básicos de los consumidores y usuarios en la Ley General. El CES estima que el proyecto debe prever de manera inequívoca la obligación de las administraciones públicas de informar a los afectados.

El CES considera que no se ha cumplido la obligación que tienen los medios de comunicación social de titularidad pública de dedicar espacios y programas a información y educación de consumidores y usuarios, por lo que sugiere que se concrete en mayor medida este precepto y se establezca la obligación de que la disposición de espacios y programas se lleve a cabo con regularidad.